La ley de la UE contra la deforestación, que exige a las empresas demostrar que sus importaciones no contribuyen a la deforestación, enfrenta creciente presión por parte de Estados, empresas y lobbies. Aunque fue aprobada con amplio respaldo en 2023, la proximidad de las elecciones de 2024 y las críticas de países exportadores y sectores políticos han generado solicitudes para posponer su implementación. A pesar de esto, la Comisión Europea sigue con los preparativos, mientras organizaciones ecologistas piden que la normativa abarque más productos y áreas naturales.