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Los delitos ambientales, como la deforestación ilegal y la pesca ilícita, son la cuarta actividad delictiva más lucrativa, generando entre 110 000 y 281 000 millones de dólares en ingresos ilícitos anuales a nivel mundial en 2018. Países como Francia y Bélgica han implementado marcos legales para combatir estos delitos de bajo riesgo y altas ganancias. En América Latina, rica en biodiversidad y recursos minerales, se están tomando medidas significativas para desmantelar redes delictivas transnacionales, aplicando sanciones económicas más severas y estableciendo responsabilidades penales para los infractores.

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La plataforma digital del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios (OPSAa) está al servicio de los países de las Américas como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos e impulsar la nueva generación de políticas públicas que transformen los sistemas agroalimentarios del hemisferio.

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