Este decreto establece normas específicas para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, especialmente aquellos destinados a la donación. También se enfatiza la importancia de una alimentación saludable y la responsabilidad estatal en la promoción de la soberanía alimentaria, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes. Adicionalmente, el reglamento define roles y obligaciones para diferentes actores en la cadena alimentaria, incluyendo productores, distribuidores y consumidores. Se establecen criterios rigurosos para la donación de alimentos procesados y la implementación de medidas de seguridad sanitaria. El decreto busca fomentar la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional a través de campañas de sensibilización y capacitación, buscando optimizar el aprovechamiento de recursos y reducir el impacto ambiental del desperdicio alimentario.