El proyecto ejecutado por el IICA, con apoyo del Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) del USDA, busca apoyar a los países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y México en el fortalecimiento de sus capacidades para la prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que ha afectado gravemente al sector ganadero, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. El proyecto incluye la capacitación de técnicos, productores, extensionistas y comunicadores en gestión de riesgos y comunicación efectiva. Además, se desarrollarán recursos informativos dirigidos a la prevención, detección y control del GBG, y se implementarán campañas de divulgación mediante medios digitales y redes sociales. Con estos esfuerzos, se espera que los países de la región mejoren sus capacidades para enfrentar esta plaga y reducir su impacto económico, contribuyendo a la sostenibilidad del sector ganadero.

El programa tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región a través del financiamiento local de proyectos de cambio climático en los sectores de energía renovable, eficiencia energética y uso de la tierra. Los países involucrados son Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La iniciativa busca superar barreras financieras y de conocimiento, ayudando a los actores locales, incluyendo pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y proveedores de servicios tecnológicos, a acceder a financiamiento climático mediante líneas de crédito verdes y actividades de apoyo técnico y concienciación. El programa está compuesto por dos componentes principales. El primer componente se enfoca en ofrecer líneas de crédito verdes a instituciones financieras locales (LFIs) para financiar proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático en sectores como energía renovable, eficiencia energética y uso de la tierra. El segundo componente se centra en proporcionar apoyo técnico y aumentar la conciencia sobre el cambio climático mediante capacitaciones, desarrollo de proyectos y creación de un entorno propicio para la implementación de estos proyectos. Asimismo, se promueve la participación de empresas lideradas por mujeres, fomentando la inclusión financiera. El objetivo final es lograr la mitigación de hasta 10,7 millones de toneladas de CO2 equivalente a lo largo de 20 años, mientras se promueve la sostenibilidad en el uso de la tierra y se impulsa el desarrollo económico local en los países participantes​

Herramienta que facilita la aplicación de los estándares regionales de trazabilidad, el registro y control de personas y establecimientos agropecuarios, acuícolas y pesqueros y el seguimiento de las demás operaciones de trazabilidad relacionadas con dichos rubros.

La ley establece un régimen especial para la donación de alimentos en Panamá con el objetivo de promover, orientar y regular las donaciones de alimentos aptos para el consumo humano, y reducir el desperdicio alimentario. Se enfoca en atender las necesidades alimentarias de la población en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema. Se define que los donantes pueden ser personas naturales, jurídicas o entidades gubernamentales, y los beneficiarios incluyen organizaciones que operan comedores sociales, asilos, albergues y centros de rehabilitación. La ley también asegura que los alimentos donados cumplan con las normativas de seguridad alimentaria.

El Plan Energético Nacional de Panamá 2015-2050 establece una hoja de ruta para el desarrollo energético del país en el largo plazo, centrada en la sostenibilidad, el acceso equitativo y la seguridad energética. El plan propone cuatro ejes principales: 1) acceso universal y reducción de la pobreza energética, 2) descarbonización de la matriz energética, 3) eficiencia energética y sobriedad en el consumo, y 4) seguridad energética. Estos pilares buscan garantizar un suministro de energía adecuado, promover el uso de energías renovables y minimizar la dependencia de los combustibles fósiles. El plan reconoce que el desarrollo energético es fundamental para el progreso económico y social del país, y plantea una transición hacia energías limpias y sostenibles. Destaca la importancia de incorporar nuevas tecnologías, como la energía solar y eólica, mientras se mantiene el desarrollo de recursos como la hidroeléctrica. Además, aborda los desafíos de la infraestructura energética, la urbanización creciente, y la necesidad de integrar políticas que incentiven la eficiencia y el uso racional de la energía​.

El Convenio de la UPOV es un tratado internacional que proporciona un marco legal para proteger las nuevas variedades de plantas, otorgando derechos exclusivos de comercialización a los obtentores. Para obtener protección, una nueva variedad debe cumplir ciertos criterios establecidos en el Convenio, y la duración de esta protección varía según el tipo de planta y la legislación nacional. El Convenio de la UPOV entró en vigor el 10 de agosto de 1968 y fue revisado el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. Sus diferentes versiones difieren en el alcance y duración de los derechos de obtentor. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay se encuentran adheridos al Acta de 1978, que ofrece una protección de menor duración y alcance a los obtentores de nuevas variedades vegetales en comparación con actas posteriores. Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana se encuentran adheridos al Acta de 1991, que proporciona una protección más amplia y de mayor duración a los obtentores, incluyendo derechos exclusivos sobre la producción, venta y utilización de las variedades protegidas.