La iniciativa pretende apoyar a 100 Mujeres Rurales pertenecientes al Cantón Eloy Alfaro, Comunidad Timbiré, en la Provincia de Esmeraldas en Ecuador fortaleciendo sus capacidades técnicas en finanzas rurales. El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas en finanzas rurales de las socias de la organización AMATIF y de las mujeres de la comunidad de Timbiré.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

El proyecto aspira a lograr resultados a largo plazo y persigue un enfoque integral: apoya la expansión e implementación de enfoques AbE eficaces y sensibles al género en las zonas rurales. Se prevé que estos enfoques se incorporen en mayor medida a los planes de adaptación de los países y a las contribuciones determinadas a nivel nacional en relación con el Acuerdo de París. Este hecho beneficiaría la implementación de los objetivos revisados de protección del clima, especialmente en los ámbitos de la agricultura y el agua. Además, los países pueden alcanzar más fácilmente sus objetivos nacionales de adaptación. El proyecto apoya la gobernanza para extender las medidas AbE a nivel municipal, nacional y regional. Asimismo, se propone fortalecer a diversos actores a través de una gestión del conocimiento mejorada a nivel local y regional. Entre ellos figuran gobiernos nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los sectores financiero y de seguros, proveedores de servicios y comunidades rurales en situación de riesgo. Complementariamente, hombres y mujeres y grupos de la población indígena y no indígena reciben opciones sencillas de financiamiento para poder implementar medidas AbE.

El PESEM 2024–2030 del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables establece la estrategia sectorial para cumplir con los objetivos de las políticas nacionales del sector, alineándose con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funciones del MIMP. Contribuye al Objetivo Estratégico 1.5 del PEDN, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas, con especial atención a mujeres y grupos vulnerables, promoviendo además el respeto y valoración de la diversidad cultural y étnica. Este documento es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que forman parte del sector, así como para los distintos niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias y para otras entidades, actúa como una guía orientadora en la toma de decisiones relacionadas con la mujer y las poblaciones vulnerables.

La Política Nacional de Empleo Decente (PED) aprobada mediante el Decreto Supremo N° 013-. 2021-TR, surge como respuesta a la necesidad de enfrentar el déficit de empleo decente en el país, un problema público originado por seis causas directas e independientes. A través de esta política, el Estado peruano busca crear las condiciones institucionales, económicas y sociales que permitan a los trabajadores, especialmente para aquellos sin contrato formal, con ingresos por debajo de la remuneración mínima vital, sin acceso a seguridad social ni a una jornada laboral adecuada, acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad y sin discriminación. La PED tiene como finalidad garantizar que la población económicamente activa ocupada pueda acceder a empleos productivos y decentes, promoviendo un entorno favorable para ello. La política se articula en torno a seis objetivos prioritarios: Mejorar las competencias laborales de las personas en edad de trabajar; Fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda de trabajo; Aumentar la creación de empleo formal dentro de las unidades productivas; Ampliar el acceso de los trabajadores a la protección social, así como a sus derechos y beneficios laborales; Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para toda la fuerza laboral potencial; Desarrollar un entorno institucional y social propicio para el trabajo decente. La meta principal de esta política es que, para el año 2030, al menos uno de cada cinco peruanos cuente con un empleo que cumpla con los estándares de trabajo decente: contrato legal, remuneración justa, acceso a seguro de salud y sistema de pensiones, y una jornada laboral adecuada.

Esta política, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 013-2018-MINEDU, tiene como finalidad asegurar que la educación ofrecida en las zonas rurales sea pertinente y responda a las características, necesidades y realidades socioculturales de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran: garantizar el acceso a servicios educativos de calidad para la población rural; fortalecer las prácticas pedagógicas y la formación especializada del profesorado; asegurar la continuidad y finalización oportuna de la trayectoria educativa en estos ámbitos; y mejorar las condiciones de bienestar de estudiantes y docentes en contextos rurales.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

El Proyecto de Desarrollo de Zonas Francas Industriales en República Dominicana proporciona financiamiento a largo plazo para el desarrollo de infraestructura y construcción de naves industriales en zonas francas privadas, junto con la adquisición de maquinaria para empresas manufactureras. El proyecto incluye componentes de asistencia técnica para fortalecer las capacidades de gestión institucional, racionalizar los procedimientos de revisión de solicitudes de préstamos y mejorar el entendimiento de los requisitos para el crecimiento del sector en un entorno comercial cada vez más competitivo. Esta inversión ha resultado en la creación de aproximadamente 33,000 nuevos empleos, principalmente para trabajadores de bajos ingresos, y ha aumentado las exportaciones netas en aproximadamente $52 millones de dólares anuales.

El objetivo a nivel de impacto del proyecto es contribuir a la mejora de ingresos de los pequeños productores/as asociados a COMSA. A nivel de resultado el proyecto busca aumentar la oferta de cafés especiales, el posicionamiento en nuevos mercados y el acceso a mayores primas sobre precio como resultado de la mejora de la calidad del café y trazabilidad con los productores de COMSA. El objetivo final es que los productores asuman la filosofía de trabajo sostenible e inclusivo hacia los miembros de la familia de la finca y enfoquen su producción en calidad, pudiendo aumentar las primas sobre precios en un promedio del 30% anual hasta una prima promedio de US$2,9/libra en el tercer año. Además, se espera que con el proyecto al menos el 18% del café exportado esté trazado bajo el sistema de gestión integral para mercados especiales y de certificaciones. Esto implicaría al menos el 100% del café exportado a dichos mercados nicho.