El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

Colombia Agroalimentaria Sostenible es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que se centra en reducir la vulnerabilidad de la producción agropecuaria ante las amenazas climáticas para minimizar sus impactos en la competitividad del sector agropecuario colombiano y contar con una adecuada y estable disponibilidad de alimentos de calidad mediante el fortalecimiento de la gestión del riesgo climático, al mismo tiempo que se reducen los efectos de los gases de efecto invernadero y las emisiones de gases de la producción agrícola (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), s.f.) El proyecto busca cambiar el paradigma actual de producción agrícola de uso intensivo de insumos y de poca adaptación de tecnologías, para reducir la vulnerabilidad de los cultivos ante sequías, inundaciones y otros estresores climáticos. El proyecto es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, implementado por la Alianza Bioversity - CIAT y desarrollado en conjunto con 13 instituciones socias. Se financia con una combinación de recursos financieros de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Gobierno de Colombia, instituciones de investigación agropecuaria (Alianza Bioversity – CIAT, CIMMYT y CIPAV), y las asociaciones de productores agropecuarios de Colombia, y recursos, tanto préstamos como fondos concesionales (subvenciones) del Fondo Verde del Clima (GCF). Cuenta con una inversión de 99.9 millones de dólares.

El proyecto busca desarrollar un protocolo para la financiación de proyectos de conservación de la biodiversidad mediante el uso de tokens digitales, utilizando como base el protocolo que Terrasos ha desarrollado para la emisión de créditos de biodiversidad voluntarios. Los recursos del proyecto estarán enfocados en el desarrollo de la tecnología que permita la conversión de los créditos de biodiversidad voluntarios a tokens de biodiversidad, el proceso de validación y su mercadeo. El beneficio principal es la conservación de 1.000 hectáreas del territorio colombiano, desarrollando un nuevo modelo de ingresos de finanzas climáticas que beneficiará directamente a las comunidades u organizaciones propietarias de las tierras donde se emitirán los tokens.

La ENECA-ELS 2015 constituye un estudio descriptivo de corte transversal a nivel nacional que busca obtener información actualizada sobre la prevalencia, distribución espacial y características sociodemográficas de enfermedades crónicas no transmisibles en población adulta salvadoreña. La encuesta aborda específicamente la enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como factores de riesgo conductuales, biológicos y no tradicionales asociados. Se implementó mediante un muestreo aleatorio estratificado en tres grupos de edad (20-40 años, 41-60 años y mayor de 60 años) en zonas urbanas y rurales. La metodología incluyó cuestionario, mediciones físicas y pruebas bioquímicas siguiendo los tres pasos recomendados por OPS/OMS. Los resultados proporcionan línea de base estratégica para la implementación de estrategias de prevención y toma de decisiones en salud pública.

El Segundo Informe de El Salvador constituye un documento de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este informe presenta los avances, desafíos y medidas implementadas por el Estado salvadoreño para garantizar el derecho al trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación y otros derechos fundamentales. El documento incluye políticas públicas, programas sociales y marcos normativos desarrollados para proteger y promover estos derechos en la población. También aborda las medidas de inclusión social y la reducción de desigualdades como parte del compromiso internacional asumido. Finalmente, establece las bases para el seguimiento y evaluación del progreso en la implementación de estos derechos humanos fundamentales.

El Plan Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada – PLANDIA 2025 tiene como propósito fortalecer capacidades en el ámbito rural y fomentar la adopción de buenas prácticas mediante el uso de información generada por el MIDAGRI, gobiernos regionales y otras entidades públicas vinculadas. Este plan busca que los productores de la agricultura familiar accedan a información agraria especializada para mejorar su competitividad a través de servicios agrarios, innovación tecnológica, financiamiento, mercados, seguridad alimentaria, gestión sostenible de recursos naturales, e infraestructura agraria. Constituye un instrumento orientador en la gestión y uso estratégico de la información agraria, alineado con la Política Nacional Agraria y los planes operativos institucionales, con un enfoque adaptado a las necesidades de los actores del agro.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

El Proyecto de Desarrollo de Zonas Francas Industriales en República Dominicana proporciona financiamiento a largo plazo para el desarrollo de infraestructura y construcción de naves industriales en zonas francas privadas, junto con la adquisición de maquinaria para empresas manufactureras. El proyecto incluye componentes de asistencia técnica para fortalecer las capacidades de gestión institucional, racionalizar los procedimientos de revisión de solicitudes de préstamos y mejorar el entendimiento de los requisitos para el crecimiento del sector en un entorno comercial cada vez más competitivo. Esta inversión ha resultado en la creación de aproximadamente 33,000 nuevos empleos, principalmente para trabajadores de bajos ingresos, y ha aumentado las exportaciones netas en aproximadamente $52 millones de dólares anuales.

Chile ha emitido Bonos Soberanos de ESG como parte de su estrategia de financiamiento sostenible. Estos bonos están vinculados a objetivos específicos de sostenibilidad, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la generación de energía renovable no convencional, y la mejora de la representación de mujeres en juntas directivas. Si Chile no cumple con los objetivos establecidos, los pagos de cupones de los bonos pueden aumentar. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Chile con la sostenibilidad y su liderazgo en el espacio de financiamiento ESG soberano.